El Ministerio de Interior comienza a expulsar a ciudadanos europeos a los que considera “una amenaza real”. Una joven de 21 años, de origen búlgaro, lleva 15 días  ingresada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (Valencia), cuando lo habitual es que los internos sean extracomunitarios. En el plazo de un mes y medio se prevé que la Policía Nacional proceda a su expulsión de España. En un año y medio, la chica búlgara fue detenida en ocho ocasiones por hurto de carteras y otra por robo con violencia. Su prohibición de entrada en España, durante tres años, fue acordada por la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, una de las ciudades donde fue detenida. Los otros arrestos se produjeron en Elche, Torremolinos, Fuengirola, Alicante, Valencia, Murcia y Cehegín.

La abogada, Mariana Ivanov, ha recurrido en los juzgados de Elche la reclusión en el CIE de la joven. El internamiento provoca, según señala el recurso, «una inseguridad jurídica para los extranjeros comunitarios que se encuentran en territorio español». El acuerdo de expulsión también está pendiente de que sea resuelto mediante un recurso por la vía contenciosa-administrativa. El Real Decreto 240/07 sobre la libre circulación y residencia en España de ciudadanos comunitarios permite la devolución de ciudadanos de un país europeo, pero según Ivanov solo se puede aplicar si «existen motivos graves de orden público o seguridad pública». La joven tiene antecedentes penales y no ha sido juzgada por los hechos, aunque la resolución de expulsión señala que “el comportamiento personal de la expedientada constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a la convivencia social y al orden público».

La primera expulsión en España de un ciudadano comunitario ya se produjo en 2010. Se trata de un rumano implicado en delitos sexuales. Actualmente se encuentran contabilizados en la Región más de 2.500 búlgaros.

ANTECEDENTES EN CEHEGÍN

En 2004 la empresa ceheginera ‘Frumanor’ contrató a 33 búlgaros que carecían de permisos de trabajo. El TSJ le multó con 200.000 euros por infringir la ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.

En 2008 el Ayuntamiento de Cehegín le solicitó al delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, su colaboración para solventar los problemas con los inmigrantes en el municipio. El alcalde del municipio, José Soria, pidió ayuda «a raíz de la inadaptación de algunos inmigrantes, sobre todo de los procedentes de Bulgaria». Soria confesó que en ocasiones el consistorio se veía obligado a contratar seguridad privada “para controlar diversos parques de la localidad, así como la piscina municipal».

Por otra parte, el pasado 15 de febrero un tribunal de Alicante condenó a dos meses de prisión a un joven búlgaro que alejó a una joven de su familia y la retuvo en un piso de Cehegín.

Durante los últimos años ha avanzado la integración de esta etnia en Cehegín. La Asociación Adinor lleva a cabo clases de español para el alumnado extranjero de lunes a viernes de 17:00 a 18:00.