No es sorpresa observar pérdidas en los medios públicos cuando se ven las cifras presupuestadas para las televisiones y radios de este tipo en 2011. Según el diario ‘El Mundo’, Cataluña ha previsto para este año 466 millones y medio de euros, Andalucía hasta 323. La Comunidad Valenciana y el País Vasco, con más de 170 millones. Madrid y Galicia por encima de los 100. Detrás, Canarias, Murcia, Asturias y Extremadura han presupuestado sus televisiones en algo más de 30 millones. En total, el gasto autonómico en radios y televisiones suma unos 1.650 millones de euros en 2011. A esta cifra se añaden los 1.200 millones presupuestados cada año por RTVE. El gasto total de las televisiones públicas será de 2.850 millones de euros anuales y su coste neto en publicidad de más de 2.400 millones de euros.
En España existen 37 televisiones autonómicas de titularidad pública. En Aragón: Aragón TV; Asturias: TPA, TPA Satélite; Andalucía: Canal Sur Andalucía, Canal Sur 2, Andalucía TV; Canarias: Televisión Canaria, Televisión Canaria2, Televisión Canaria Sat; Castilla La Mancha: Castilla La Mancha Televisión (CMT), CMT2; Cataluña: TV3, 33, Canal 3/24, Esport 3, Super3, Canal 3XL y TV3CAT; Comunidad Valenciana: Canal 9, Nou Dos, Canal Nou 24h, Canal Nou Internacional; Extremadura: Canal Extremadura (CEXMA); Galicia: Televisión de Galicia, G2, GTV América, GTV Europa; Islas Baleares: IB3 Televisió, IB3 Sat; Madrid: Telemadrid, LaOtra, Telemadrid Sat; Murcia: 7 Región de Murcia; País Vasco: ETB 1, ETB 2, ETB 3, Canal Vasco, ETBsat. En el caso de Cantabria, Castilla y León, La Rioja y Navarra las cadenas autonómicas son de titularidad privada, aunque subvencionadas de forma pública.
TELEVISIONES DEFICITARIAS
Según un informe de Deloitte, las televisiones que dependen de las autonomías perdieron más de 1.200 millones de euros en 2009. La publicidad y ventas apenas sirvieron para paliar el 15% del gasto. El coste bruto de las televisiones autonómicas fue de 110 euros al año por hogar. En Cataluña, el coste bruto por hogar fue de 207 euros.
Muchas de esas emisoras, incluso la estatal, funcionarían mejor si se privatizaran. Otras habría que cerrarlas. En todo caso, quedaría el ahorro anual de esos 2.400 millones. La privatización podría ser positiva desde el punto de vista financiero y empresarial ya que se ahorrarían impuestos y optimizaría el funcionamiento de las televisiones en manos privadas. Estas modificaciones supondrían un cambio de rumbo en las líneas editoriales, ya que las televisiones públicas en muchos casos sirven para la propaganda política. Se convertirían así en medios libremente elegidos por los televidentes y oyentes.