Samper indemne en el ‘Caso Umbra’

Blanqueo de capitales, delito fiscal, inducción a la prevaricación son los delitos por los que estaba imputado el presidente del Real Murcia, Jesús Samper, en el ‘Caso Umbra’, de presunta corrupción urbanística. Finalmente, el propietario del club grana no tendrá que responder por ellos, ya que las presuntas irregularidades del convenio Nueva Condomina han prescrito, según apuntan sus abogados defensores y ratifica el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano. En el procedimiento judicial, que sigue su curso, se investigan seis convenios urbanísticos de la zona norte de Murcia, el primero fue firmado en 2001 por Samper. Al pasar 10 años todos los delitos han prescrito. La Fiscalía aún indaga en los otros cinco acuerdos urbanísticos, aún no prescritos porque se firmaron en 2005 y 2006.

La Fiscalía mantiene que hubo anomalías en este convenio, aunque Samper insiste en que se ajustó a la legalidad. La arquitecto jefe de Hacienda, María Pilar Fontela, elaboró un informe pericial en 2008 en el que reconocía que no existían irregularidades en el acuerdo Nueva Condomina. Fontela estimó pérdidas de 300 millones en el consistorio murciano al rebajar el precio del suelo en la zona norte de Murcia. La perito fue citada hace unos días por el TSJ y no ratificó el informe, ya que aludió que hubo errores de cálculo. Por este motivo, la defensa de Samper ha mostrado su intención de denunciarla por falsedad en documento oficial e inducir al equívoco con datos incorrectos. En un nuevo informe, Fontela recalculaba que las pérdidas del Ayuntamiento de Murcia ascendían a 14 millones de euros.

Otros cuatro arquitectos evaluaron la legalidad de los convenios. Estos peritos también declararon hace unas semanas y durante su comparecencia apuntaron que “la tasación de los terrenos de Nueva Condomina, se hizo con un método igual de válido que otros”. Incluso uno de los peritos eludió la responsabilidad del Ayuntamiento porque no solo perdió dinero en la zona norte, sino que fue “confiscatorio, al cobrar un 40% de los terrenos y no un 10% como se hacía en el resto de convenios”.

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