La Justicia decide el futuro de una niña saharahui acogida en Murcia

Abandonada y en situación de esclavitud. Así consideró una familia murciana la situación de una niña saharahui a la que acogieron en julio de 2002. La menor vivía en los campamentos de refugiados de Tindouf, Argelia, y viajó a la Región con motivo del programa de vacaciones de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Su estancia se alargó más tiempo a causa una insuficiencia hepática.

En marzo de 2004, la madre de la pequeña pidió su regreso pero el Gobierno de Murcia asumió su tutela dos meses después. En septiembre de 2005, el caso fue revisado por el Juzgado de Primera Instancia que, de forma provisional, autorizó la custodia a la familia murciana, decisión ratificada en abril de 2007 por la Audiencia Provincial de Murcia. Los padres ‘adoptivos’ alegaron que la menor declaró que durante su estancia en los campamentos, sufría una situación de “esclavitud”. La madre biológica presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que fue desestimado.

La niña tiene ya 16 años. El Tribunal Europeo de Derechos Humano en Estrasburgo, dictará mañana sentencia  sobre el caso ante un nuevo recurso de la madre. Ahora argumenta que los juzgados españoles no le han escuchado durante los procedimientos y han vulnerado sus derechos al respeto a la vida privada y familar, a un juez imparcial y a un juicio justo.

La madre renuncia al regreso de su hija a Argelia para así proteger, según apunta el recurso, su “estabilidad emocional”. Lo único que solicita es que el Tribunal de Estrasburgo reconozca las irregularidades en que concurrió el TSJ de Murcia durante el procedimiento, para así “impedir que una situación como la suya se vuelva a repetir con otras madres saharauis”*

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Martes, 25 de mayo.

*El Tribunal de Estrasburgo finalmente ha condenado a España a indemnizar  a la madre saharahui con 30.000 euros por perjuicio moral. La Corte ha estimado que se violó el artículo 8 de la Convención de Derechos Humanos, que garantiza que toda persona tiene derecho a que se respete su vida privada y familiar.

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