El 29 de septiembre del año pasado el director gerente del Servicio Murciano de Salud, José Antonio Alarcón, decretó unos servicios mínimos ante una huelga general convocada por UGT y CCOO. Ahora el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Murcia ha contemplado esa acción como inconstitucional.

Según un auto del 27 de julio, la sala acuerda «elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 7.2.1 de la Ley Autonómica 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, que otorga al director gerente del SMS competencia para aprobar las medidas que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga en los centros dependientes del SMS por posible vulneración del artículo 28.2 de la Constitución Española”.

En el escrito del Contencioso se concreta que el director del SMS “no es un órgano imparcial, toda vez que es simultáneamente, órgano superior y central de gestión y jefe de personal”, mientras que la doctrina del Tribunal Constitucional “ha insistido en la necesidad de que las facultades controvertidas se atribuyan a órganos que podrían denominarse como políticos o de gobierno”, mientras que en este caso nos encontramos ante un órgano “puramente administrativo”.

La cuestión de inconstitucionalidad es previa a que el juzgado murciano estudie una demanda interpuesta por UGT y CCOO, relativa a la imposición de unos servicios mínimos considerados «abusivos» por las organizaciones sindicales. Según los sindicatos, los servicios mínimos fueron del 100% en quirófanos, puertas de urgencias, unidades de quemados y paritorios. En el resto, fue del 50% y en su conjunto, los servicios afectaron al 76% del total de los trabajadores y trabajadoras del Servicio Murciano de Salud.

UGT Y CCOO esperan que la cuestión de inconstitucionalidad sea admitida a trámite y que el Tribunal Constitucional se pronuncie “en contra de la atribución que la Ley autonómica hace al director gerente para decretar los servicios mínimos referidos, sentando doctrina que, de cara a futuras huelgas, deberá ser tenida en cuenta por la Consejería de Sanidad y por el Gobierno regional”.