El pasado 10 de febrero una treintena de funcionarios se manifestaron frente al juzgado de instrucción número cuatro de Molina de Segura. Sus protestas se centraban en que su partido judicial no fuera absorbido por Murcia. Esto se ha agudizado durante los últimos meses por las últimas reformas planteadas por el Ministerio de Justicia en la de la Ley de Demarcación y Plantas. Esos cambios se centran en una serie de medidas para ahorrar en la Administración. Según Miguel Murcia, portavoz de la Asociación de Funcionarios de Justicia de Murcia, “la reforma que quieren hacer es suprimir el partido judicial molinense y llevárselo a Murcia. Eso perjudica a todos los ciudadanos del municipio porque les va a quitar un servicio que tienen aquí. Un servicio directo y cercano que funciona en muchos sentidos bastante mejor que en Murcia”

Una comisión del Ministerio de Justicia estudia actualmente la polémica Ley de Demarcación y Plantas que especifica todos los partidos judiciales existentes en España. La modificación consiste en suprimir un buen número de partidos judiciales, en la Región de Murcia quieren dejar cuatro. Según el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya esa Ley aún se encuentra en estudio, “el Consejo General del Poder Judicial, las Salas de Gobierno y eventualmente las Comunidades tendrán mucho que decir de cara a la demarcación y planta judicial”. De momento Martínez Moya le pide a los funcionarios, “tranquilidad, todo son propuestas de estudio y eso exige una decisión legislativa, es decir, mucho tiempo”

Por su parte, el consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, afirma que la reordenación de los partidos judiciales «deberá estar ligada a las particularidades territoriales, históricas y administrativas de la Región». Además, considera «muy precipitado» hablar de la supresión de partidos judiciales y señala que «hay que esperar a ver cómo queda la reforma de esta norma en su totalidad»

La Ley de Demarcación y Plantas ha sido modificada en 14 ocasiones desde 1988. El CGPJ ha planteado en su nueva actualización que a la desaparición de Molina se uniría Cieza, Totana, Caravaca, Mula y San Javier. La reforma tardará en llegar y los empleados públicos judiciales, la vigilarán de cerca.

EN LORCA NO HARÁN FRENTE A LOS GASTOS

El Ayuntamiento de Lorca anunció ayer que dejará de correr con los gastos del alquiler de las sedes judiciales del municipio al no poder hacer frente a su coste de 653.000 euros al año, de los que el Ministerio de Justicia aportaba 56.000 euros. Las facturas de arrendamiento de los locales serán remitidas al Ministerio al considerar el consistorio esta financiación como “competencia impropia”. El portavoz del PP en Lorca, Francisco García, ha dicho hoy que el alcalde, Francisco Jódar ya está «en conversaciones con el Ministerio de Justicia» para que el consistorio deje de pagar los alquileres de los locales en los que están ubicados los juzgados. García ha señalado que «todos los juzgados del partido judicial de Lorca están en locales propiedad del Ayuntamiento o alquilados por él» y ha considerado que deberían estar en locales «del Ministerio de Justicia».

La Administración de Justicia lorquina tiene siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, dos de lo Penal, un decanato y una fiscalía. Su desaparición sería una utopía ya que en principio, el Consejo General del Poder Judicial plantea mantener las dependencias judiciales de Murcia, Cartagena, Lorca y una de las dos del altiplano.