La CAM decidió anoche pedir ayuda al FROB para alcanzar el nuevo mínimo de 8% de capital. En la nota remitida a la CNMV solicitó esta alternativa que supondría su nacionalización parcial o temporal. Su Asamblea fue la única que aprobó seguir la fusión con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria para seguir con el SIP Banco Base. Los responsables de la entidad de Alicante dicen haber cumplido con lo acordado y que el resto de cajas debían haber hecho lo mismo. Según el consejero de la CAM, Luis Díaz Alperi, “lo que se está haciendo es un chantaje a la CAM desde posturas que no tienen ninguna explicación”

PROBLEMAS DE NÚMEROS Y PODER

Para cumplir con el capital básico exigido por el Banco de España, la nueva entidad debía haberle pedido 2.748 millones de euros, el doble de lo estimado con anterioridad, dinero que se uniría a las ayudas públicas. A cambio de dar este capital, con la nueva normativa, el Estado se quedaría con parte de las acciones de la entidad. En función de ese volumen de ayuda pasaría a tener la mitad o más, es decir, pasaría a ser el principal propietario, algo de lo que no estaba en contra la caja alicantina, pero si el resto.

LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS SE PRONUNCIAN

El presidente de Valencia, Francisco Camps, ha criticado al Gobierno por los cambios normativos en tan poco tiempo, “el Banco de España es el que tendría que salir a dar la cara y decir exactamente lo que ha hecho, por qué lo ha hecho, y qué pretende hacer con el futuro de las cajas”. Por su parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, explica que existen nuevos datos de morosidad de la CAM, “es mejor ir con grupos solventes que acudir a un rescate de estas proporciones que pone en serio riesgo la independencia de la gestión de tres cajas, que son solventes”. Lo que sí es claro es que las divergencias han anulado la que hubiera sido la tercera entidad financiera del país