España condenada a pagar 15.000 euros a un murciano por los ruidos de un bar

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha fallado hoy a favor de un vecino de Cartagena que había denunciado la pasividad a las autoridades. El motivo eran los ruidos producidos en la terraza de un bar de Cabo de Palos situado a menos de 10 metros de su vivienda. Finalmente, tendrá que ser indemnizado con 15.000 euros porque se ha vulnerado la intimidad en su vivienda.

El demandante, representado por el letrado José Luis Mazón, se querelló contra el bar ante los tribunales españoles al considerar que “sus instalaciones contravenían el reglamento municipal sobre protección contra la contaminación sonora y porque el sonido, muy superior al permitido por la legislación,  atentaba contra su intimidad y su integridad física y psicológica”. Además, el vecino de Cartagena menciona en su demanda que desde el inicio de los ruidos empeoró la salud de su hija, celiaca, y que se había visto obligado a proporcionarle atención psicológica por sus dificultades para dormir y fobia a los ruidos. Los tribunales españoles se pronunciaron sobre el cumplimiento por parte del local, y el demandante consideró que no atendieron su petición sobre los perjuicios provocados a él y su familia.

A consecuencia de estas acciones se cerró entonces la parte interna del local, que funcionaba como discoteca, porque carecía de elementos de insonorización en la entrada. El TSJ deMurcia, que atendió la apelación presentada por las autoridades municipales de Cartagena, se revocó en una sentencia anterior y se permitió la actividad de la terraza.

Durante el proceso en Estrasburgo, el Estado acusó al recurrente de haber construido ilegalmente su vivienda sobre un terreno no destinado a uso residencial, por lo que en dicho lugar la protección medioambiental no era exigible. La corte europea responde que el Gobierno español no aportó ningún documento que acreditara estas acusaciones.

La sentencia del TEDH concluye que los ruidos emitidos por el bar, que en ocasiones superaban en casi 30 decibelios lo máximo permitido por la ley, violaron el derecho del recurrente a la intimidad y vida privada, por lo que debe ser indemnizado por la Administración, que no adoptó medidas para rebajar el nivel de ruido de la terraza de la discoteca.

Por otra parte, existen precedentes similares de este caso, como el de 2004 en el que se falló a favor de una demanda interpuesta por la valenciana, Pilar Moreno Gómez. En este caso la mujer fue indemnizada con 3.884 euros por daños y 4.500 por gastos del proceso, por haber permitido las autoridades municipales la apertura de locales nocturnos cerca de su domicilio, lo que perturbó su descanso durante años.

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