La invasión del dominio público marítimo terrestre. Es el principal motivo por el que el Tribunal Supremo ha ordenado que el poblado pesquero de Puntas de Calnegre sea «desmantelado». Desde el Ayuntamiento de Lorca, su portavoz, Francisco García, ha anunciado que el equipo de gobierno municipal apoyará a los vecinos de la zona para «continuar defendiendo el mantenimiento de este poblado frente a las intenciones del Gobierno de la Nación y su Demarcación de Costas». García ha explicado que a pesar de que el recurso presentado ante el Tribunal Supremo, ha sido desestimado, los vecinos y el consistorio seguirán defendiendo el núcleo, pendiente de la declaración de Bien de Interés Cultural por motivos etnográficos para el poblado de Puntas. En este sentido, García ha apuntado que «podemos afirmar que si el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma no hubieran impulsado la declaración de BIC para Puntas de Calnegre, ahora mismo el Gobierno no tendría obstáculo alguno para demolerlo».

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Melchor Morales, ha señalado que «en el caso de Puntas de Calnegre existe una obsesión de la responsable de Costas, Francisca Baraza, por derribarlo y es que, ha apuntado a que «son continuas las denuncias que nos remite, tanto contra los vecinos como al propio Ayuntamiento. Su persecución es obsesiva». El caso más reciente es de hace una semana, cuando exigía por escrito al Ayuntamiento que retirara dos áreas de recreo, que según Baraza habían instalado en la playa de Puntas, cuando «la realidad es que nosotros no lo hemos instalado», añade Morales.

Según el presidente de la Plataforma Ciudadana para la Conservación del Poblado de Puntas de Calnegre, Juan de Dios Martínez, ha explicado que el pasado lunes se mantuvo una reunión entre el Ayuntamiento de Lorca y los vecinos, con el objetivo de analizar la situación que se plantea ante la decisión del Supremo y las acciones que se pueden iniciar a partir de este momento. Allí se planteó una consulta jurídica para saber si se puede presentar un recurso de amparo ante el Constitucional. En caso de que no hubiera lugar, se procedería a plantear un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.  Martínez ha argumentado que «nosotros no somos ocupas, el poblado tiene constatada una antigüedad superior a los 200 años. El deslinde de 1977 se hizo de forma temporal y no tuvimos oportunidad de defender nuestros derechos como ciudadanos, ni tampoco de alegar. No entendemos por qué se han empeñado en cometer un agravio comparativo con respecto a otros municipios».