El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha celebrado hoy una vista sobre el caso que ya adelantamos en octubre del exsacerdote molinense, José Antonio Fernández Martínez, contra España. José Antonio fue nombrado cura en 1961, pidió la dispensa en 1984 y contrajo matrimonio en 1991. Desde entonces comenzó a ejercer como profesor de Religión en Caravaca y después en un instituto de Mula, del que fue cesado en 1997 tras hacer público, en una foto que se publicó en prensa, que participaba en el Movimiento Pro Celibato Opcional.

El clérigo de 73 años, ha acudido esta mañana a la vista en Estrasburgo acompañado de una decena de personas, entre ellas su esposa. Su abogado, José Luis Mazón, ha asegurado que «es falso» que el demandante haya defendido en la prensa el divorcio y el aborto. Además, Mazón ha indicado que José Antonio no había pedido la dispensa papal por esa publicación, sino por una «decisión arbitraria» del obispo de Cartagena, al no renovar el contrato, por un motivo «que es injusto y no es real». Mazón ha aseverado que con este despido, su defendido fue discriminado frente al resto de profesores de Religión de la Región de Murcia, cuyo contrato sí fue renovado.

Por su parte, el abogado del Estado, Fernando Irurzun, ha explicado que en España hay 11.000 profesores de Religión y que, desde 1992, han sido despedidos 270. A esto ha añadido que el demandante no había aportado pruebas para demostrar la supuesta discriminación. En opinión de Izurzun, en España los tribunales están viciados ideológicamente ya que, «la situación del demandante cambió cuando hizo público su estado e hizo proselitismo», y que el Gobierno español había respetado el equilibrio entre los derechos del demandante y los de la Iglesia Católica. También, el representante del Estado ha asegurado que en el artículo que acompañaba la foto en un diario murciano, se decía que el Movimiento Pro Celibato Opcional defendía que el aborto «es un problema personal que no puede ser prohibido por ley». Para el abogado del Estado es «una organización no autorizada por la Iglesia».

El Tribunal de Estrasburgo ha iniciado las deliberaciones tras la vista para decidir si admite la demanda. Si es así, publicará la sentencia en los próximos meses. De resultar el caso favorable al demandante, España tendría que pagar al cura murciano.