Desde primeras horas de esta mañana, agentes de la UCO de la Guardia Civil han registrado el Ayuntamiento de Aledo, cinco dependencias de la Consejería de Presidencia, dos de la Consejería de Sanidad del Gobierno murciano, domicilios particulares y empresas. Se trata de una acción de la operación ‘Líber’, segunda parte de la operación ‘Biblioteca’, que se ha saldado, hasta el momento, con ocho detenciones.
Entre los arrestados está el alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, la secretaria municipal del mismo consistorio, Rosario Hita y el ingeniero de caminos, empresario y exfuncionario del Ayuntamiento de Librilla, Domingo Peñalver Rojo. A Simón Alcaraz, el principal implicado, se le investiga por una presunta trama de adjudicaciones ilegales de contratos públicos, a través de colaboradores en la Consejería de Sanidad y Presidencia, a las empresas Urbisan, Urdemasa y Urvitec Levante, englobadas en una misma compañía.
La lista de nueve detenidos la completan los administradores de varias sociedades. Francisco Juan Redondo, socio de una empresa implicada; Francisco Javier Conejo, administrador societario detenido en Alicante; Francisco Juan Mena, empleado de Urbisan; Encarnación Martínez, abogada y empleada de otra de las sociedades de la trama; José David Buendía, administrador empresarial y el imputado Gabriel Carrión, jefe de servicio de obras y mantenimiento.
Las actuaciones de la operación ‘Líber’, pieza separada de la operación ‘Biblioteca’, han sido declaradas secretas y son instruidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo de las Heras, y seguidas por el fiscal anticorrupción del TSJ de Murcia, Juan Pablo Lozano. En esta parte de la investigación, se indaga sobre presuntos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad, según informaciones del TSJ de Murcia. Los detenidos, tras dormir en los calabozos de la Guardia Civil de Murcia, pasarán previsiblemente a disposición judicial este viernes.
INVESTIGAN EXPEDIENTES ENTRE 2003 Y 2007
Por su parte, el consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha declarado esta mañana que la investigación podría estar relacionada con la actuación de varias personas, «que pudieran integrarse en la Administración en su calidad de funcionarios, alguno ya fallecido, y que pudieran haber favorecido expedientes administrativos relacionados con la contratación». Campos ha añadido que en algún momento pudieran unirse a la investigación que en su día se abrió en el Ayuntamiento de Librilla».
Las diligencias son secretas, y según Campos la documentación requerida en la Secretaría General de la Consejería de Presidencia está relacionada con «expedientes de 2003 a 2007». Campos ha explicado que sabía que «también se estaba realizando una intervención de documentación en Sanidad y que pudiera estar vinculada con expedientes de contratación». Por tanto, la documentación «podría estar relacionada con algún tipo de contratación respecto a actuaciones en el ámbito de la contratación de Sanidad», ha precisado el consejero.
Los expedientes, que han recogido los agentes de la UCO se corresponden a una investigación abierta en 2008. Estos documentos podrían «determinar que existiera un entramado de empresas, que hayan tenido relación con algunos funcionarios, y que pudieran haber favorecido a algún municipio», según Campos. Podría tratarse de contratos suscritos con empresas privadas, de hecho al consejero de Presidencia le consta que se realizó un expediente de información «reservada» que se concluyó siendo consejero Fernando de Cierva, y «se les ha facilitado ese expediente».
Campos, ha añadido que el presidente Ramón Luis Valcárcel «está al tanto desde primeras horas de la mañana y me ha trasladado su deseo de que facilitáramos la máxima colaboración a la Guardia Civil».
PALACIOS EN TOTAL COLABORACIÓN
La Consejera de Sanidad, Maria Ángeles Palacios, ha declarado que su departamento está en «total colaboración con la justicia» respecto al registro de esta mañana, sobre las 8:30 en la Consejería de Sanidad.
Palacios ha declarado que «como es lógico nosotros total colaboración con la justicia». La consejera ha añadido que en un primer momento el secretario general iba acompañando a los agentes para llevarles a los funcionarios que podían facilitar cada documento solicitado, «y allí están todos los funcionarios colaborando como no podía ser de otra manera con la justicia».
La operación, llevada a cabo por el grupo de Urbanismo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sigue abiertay podría haber más detenidos a lo largo del día.
ORIGEN DE LA OPERACIÓN ‘BIBLIOTECA’
La operación ‘Biblioteca’ tiene su origen en información privilegiada para hacerse con contratos en el municipio murciano de Librilla. Un auto dictado, en abril de 2009, por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, que coordina la investigación, reactivó el caso.
Entre los sospechosos de la trama se encontraban: el alcalde de Librilla, que fue detenido, José Martínez García, el teniente de alcalde, Pedro Martínez, el alto funcionario, José Andrés Cortés Otálora, el funcionario en excedencia de la Comunidad Autónoma, José Luis Cano Valverde, el empresario, Domingo Peñalver Rojo y el abogado Cesáreo Gil de Pareja Otón.
UN DETECTIVE DESTAPÓ EL CASO
Un detective de Madrid acudió a la Guardia Civil el 13 de marzo de 2007 . El investigador madrileño «presentó un dossier relativo a la posible existencia de supuestas irregularidades urbanística en el Ayuntamiento de Librilla y otros de la Comunidad de Murcia». Los agentes le ofrecieron al detective la posibilidad de denunciar los hechos, que no fue aceptada.
La Guardia Civil abrió una investigación y el 19 y 20 de marzo de 2007 hicieron «una primerísima valoración». En un documento de la Benemérita figuran los nombres de la empresa ‘Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería’ (ACADI), uno de sus administradores es el detenido hoy, Domingo Peñalver Rojo, e ‘Iniciativas para el Desarrollo de Librilla’ (IDL), en la que aparece como presidente el alcalde del municipio, arrestado por aquel entonces, José Martínez García. Además, el juzgado de instrucción número 6 ordenó el ingreso en prisión del consejero delegado de IDL, José Andrés Cortés y el funcionario en excendencia de la Comunidad, José Luis Cano Valverde, fundador, junto con su esposa, de la sociedad ‘Control y Gis, S.L.’. Cano falleció posteriormente en un accidente de tráfico.
Esta mañana a las 12:30 estaba citado en el TSJ de Murcia el alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, por un presunto delito contra la ordeación del territorio. Sin embargo, el juicio ha quedado aplazado hasta el 9 de marzo del próximo año, ya que la Sala esperará un nuevo informe judicial.
Este aplazamiento ha sido acordado en una reunión mantenida entre el abogado defensor de una promotora y la Fiscalía. Según ha argumentado la defensa, las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción de Molina, por los mismos hechos, ya fueron archivadas y consideran que no cabe plantear el mismo asunto nuevamente en la Audiencia Provincial. Por tanto, el TSJ esperará a que el juzgado molinense le envíe la información necesaria para aclarar si se puede o no juzgar a la promotora implicada y al primer edil de Alguazas,
La denuncia, planteada por la asociación «Entrecauces», considera que el alcalde alguaceño incurrió en el delito al autorizar unas obras en suelo no urbanizable. Por su parte, la Fiscalía, en conclusiones provisionales, solicita un año de prisión para Fernández y ocho años de inhabilitación, mientras que para la promotora del inmueble, pide quince meses de prisión y la demolición del edificio.
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